Cuando las grandes ciudades han dejado de ser aquellas concentraciones industriales de servicios y comercio, cuando se reclaman espacios más habitables y los pueblos se ofrecen como una alternativa posible; en nombre de la eficiencia económica, se propone el abandono y olvido de los pueblos. Quienes planifican el futuro del país, ¿han considerado el perjuicio que supone el abandono a su suerte de las zonas rurales, de sus pueblos y ciudadanos?
En este país del blanco o negro, del todo para unos y nada para el resto, el Gobierno, entre pueblo o ciudad, ya hizo su elección. En asuntos como sanidad, educación, derechos sociales o transporte, apuesta por reactivar una España de doble vía con servicios de primera para los ciudadanos de primera y de segunda para el resto. Es una opción coherente en el actual Gobierno; lo que no se entiende es la sorpresa de algunos cuando desde el Consejo de Ministros se decide soterrar las políticas públicas en materias esenciales con la crisis económica —mejor llamada estafa— como pretexto para aumentar la distancia entre zonas rurales y urbanas, entre unos ciudadanos y otros.
Mientras se inaugura la penúltima línea de alta velocidad, se procede, bajo la excusa de su rentabilidad, al desmantelamiento de servicios ferroviarios esenciales para infinidad de ciudadanos que viven en zonas rurales. Cuando el poder habla de rentabilidad, se refiere exclusivamente a la económica; cuando habla de capital también, guardando para los discursos el capital humano, social o cultural. No considera la capacidad de generar beneficio o la utilidad social que ofrece a ciudadanos de zonas tradicionalmente mal comunicadas. Pese al envejecimiento propio de la población rural, sus bajas rentas y mayor dificultad para acceder a servicios sanitarios o educativos, el Gobierno se pliega a la nueva religión económica del déficit y se olvida de la ciudadanía. Parece que hubiera un interés expreso para aislar a la España rural. Mientras que para los pueblos se suprimen trenes y se descuidan las carreteras secundarias, las grandes ciudades siempre tienen un aeropuerto cercano, una autovía o una estación de tren próxima. No caeré en la tentación de confrontar al AVE con otros trenes, sólo escribiré que cuando se antepone el rédito económico al impacto social y cultural, no se gobierna para los ciudadanos y que cuando los pueblos pequeños pierden el tren, lo pierde todo el país.
El Gobierno parece tener su ruta diseñada. Lo mismo que hace con la sanidad o la educación pública, lo pretende con el transporte: sanear el pastel ferroviario para entregarlo al sector privado. El plan de Fomento pasa por suprimir las líneas con déficit económico para, una vez eliminadas, entregar un servicio ferroviario rentable al sector privado. Con las autopistas el recorrido es el inverso, Fomento se quedará con las autopistas privadas deficitarias y asumirá sus deudas para, una vez saneadas, ofrecerlas al sector privado. Aunque suene cansina la letanía, la política económica del Gobierno consiste en nacionalizar pérdidas y privatizar beneficios.
Si además de alejarles del médico o dificultarle el acceso a la educación, se les quieta el tren y se descuidan sus infraestructuras, la población rural está obligada a concentrarse en las ciudades aunque solo sea para que los mayores puedan acceder a la asistencia sanitaria y los jóvenes desplazarse a la universidad. Luego vendrán las lamentaciones porque este éxodo no es gratuito. Abandono de viviendas, pueblos y tierras de cultivo; desaparición de una forma única de vida y un eslabón necesario en la vertebración territorial; mayor deterioro del paisaje y aumento del riesgo de incendios, son algunas de las consecuencias que traerá el abandono de las zonas rurales. ¿Quienes planifican y deciden, se lo han pensado?
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Demasiadas palabras 
Pero la trampa está en que el AVE no es precisamente rentable económicamente, y ni mucho menos lo son todos esos aeropuertos. En este país hemos estado acostumbrados históricamente a hacer las cosas a lo grande, sin pensar en su repercusión económica y social. Queremos los trenes más rápidos y que pasen por todas partes, un aeropuerto en cada capital, megaedificios culturales que ni regalando las entradas se llenarían, super estadios deportivos para celebrar un acontecimiento de uvas a peras, etc. Infraestructuras espectaculares, impresionantes, pero inmoralmente sobredimensionadas. Y claro, cuando no se pueden pagar ¿qué hacemos? Pues en lugar de dar marcha atrás, nos cargamos los recursos que sí tienen una utilidad social, como los trenes regionales o los ambulatorios y escuelas rurales. Todo muy lógico. Empezamos la casa por el tejado y cuando nos damos cuenta de que no hay cimientos, pues hacemos un tejado más grande. Eh, pero qué bonito y rápido es el AVE…
El AVE no es rentable en algunas de sus líneas pero forma parte de eso que llaman «marca España». Todo es marketing, publicidad y engaño; no importa la utilidad social, ni las repercusiones negativas que supondrá el abandono de nuestras zonas rurales porque las consecuencias las notaremos en el futuro y para entonces, deben pensar estos gobernantes, ¡que nos quiten lo bailao!
No me gustaría perder el tren.
Ciertamente de economía nacional sé poco o nada, bastante tengo con la doméstica que ya me marea bastante entre recortes de sueldo e inflación, pero es de sentido común que no puede despreciarse la riqueza que ofrece la zona rural. Las ciudades son de cemento y el cemento no alimenta ¿O si?
Un beso
Claro que alimenta, preguntemos a las grandes constructuras de este país. Es cierto, como escribes, que no sabemos de economía; lo tremendo es que tampoco saben quienes nos gobiernan.