Demasiadas palabras

Inicio » s. XX » Los sucesos de 1936

Los sucesos de 1936

Se reproduce el texto referido a Los sucesos de Vejer de la Frontera que aparecen en la Memoria para optar al grado de doctor presentada por Joaquín Gil Honduvilla  y titulada Desde la proclamación de la República al 18 de julio de 1936 : el cambio de rumbo político en la 11 División Orgánica

Los sucesos de Vejer de la Frontera.

[…] queda por reseñar lo que parece ser la mayor muestra de compromiso con el gobierno de la Nación de un oficial del Cuerpo de carabineros destinado en la provincia de Cádiz, este oficial era el Comandante jefe del puesto Carabineros de Vejer de la Frontera, el Capitán Enrique Letrán López.

Las noticias de que en Cádiz se había producido una sublevación militar llegaron a este municipio el mismo 18 de Julio. Esa tarde, pocos minutos después de tener conocimiento de lo que estaba sucediendo en su ciudad, Mariano Zapico telefoneó al Delegado Gubernativo en Vejer, Juan Manzorro Muñoz de Arenilla, a quien indicó que “se quedaran constituidos en el Ayuntamiento y se defendiera a la República a toda costa y que quedaran las fuerzas de la Guardia Civil y de Carabineros acuarteladas”. Posteriormente fueron llamados al domicilio del alcalde, Francisco Salgueiro, el Alférez Jefe de Línea, Antonio Gómez Relaño y el Brigada Comandante de puesto de la Guardia Civil. Allí recibieron la orden de acuartelar las fuerzas del benemérito Instituto. La orden también había sido enviada por el gobernador Zapico al Capitán de Carabineros Enrique Letrán, quien, antes de llegar a la reunión, ya había ordenado a sus hombres permanecer dentro de su cuartel.

Lo que al principio eran meros rumores y noticias vagas sobre un movimiento militar en la capital quedaron contrastados al día siguiente al recibir el Capitán Letrán, a las 16.00 horas, un telegrama que ordenaba la publicación del bando declarativo del estado de guerra y que le nombraba Comandante Militar de la localidad. El Capitán informó al Alférez de la Guardia Civil y juntos se dirigieron al domicilio del Alcalde, en el que también se encontraban el Juez Municipal, Nicolás López Pinilla y el Delegado Gubernativo con los que mantuvieron una reunión. Al salir Letrán acusó recibo del telegrama a Cádiz e indicó posteriormente al Alférez de la Guardia Civil que no era necesario que las fuerzas salieran a la calle y que sería mejor que se mantuvieran acuarteladas, sin proceder a declarar el estado de guerra como le había sido ordenado por el Gobernador Militar de Cádiz.

Poco a poco la noticia del golpe se extendió por toda la población, provocando gran efervescencia de grupos armados, que se hicieron más numerosos por la noche. Todo parece indicar que la orden de armar a la población civil vino de las autoridades municipales. La tensión creció cuando estos grupos se presentaron ante el estanco propiedad José Valdés González, al que amenazaron y exigieron la entrega de todos los cartuchos que en su establecimiento almacenaba. Al indicarles el comerciante que la mayoría de la munición se encontraban en el cuartel de la Guardia Civil, los manifestantes le pidieron que diera su autorización para abrir las cajas depositadas en el cuartel, y al responder que esa autorización era imposible algunos de los congregados entraron en su casa donde encontraron un centenar de cartuchos que se llevaron.

Lo anormal de la situación en las calles de la localidad provocó que el guardia municipal Pedro Román Guerrero informara al Alcalde, al Juez Municipal y al Delegado Gubernativo de lo que estaba sucediendo, quienes le indicaron que siguiera vigilando como siempre y no interviniera. Momentos después, grupos incontrolados procedieron al incendio y saqueo de la iglesia y otros edificios del pueblo. Como comenta el referido guardia: “el declarante deseaba de recibir órdenes de sus superiores que eran dichos señores (se refiere al alcalde, al juez y al delegado) y en vista de que no sacaba nada en concreto decidió a las cinco y media de la madrugada del domingo retirarse a descansar a su domicilio ya que a dicha hora terminaba el servicio que había comenzado a las cuatro de la tarde del domingo”.

La hora del incendio la fija el propio párroco, Ángel Caballero y de Vera¹, al manifestar que fue a las 06.00 horas cuando doscientas personas encabezadas por el Teniente de alcalde, Francisco Rubio y dos carabineros -carabineros de primera Emilio Cañas Guerrero y Antonio Carmona Magro- entraron en la iglesia. Tras registrar al sacerdote, se procedió a su detención y a la de otros tres religiosos que formaban la parroquia. Según manifiesta el párroco, al ser conducidos uno de los carabineros le dijo “vamos a ver al Capitán”. Las consecuencias del asalto e incendio de la iglesia fueron registradas por el juez militar que acompañó a las fuerzas sublevadas cuando el pueblo fue tomado. En el acta señaló que: “En la fachada posterior de la Iglesia del Salvador existe un montón informe como de diez metros de circunferencia por poco más de un metro de altura, constituido por el resto de los santos de madera, candeleros de metal y de madera dorada, cirios de cera, papeles y documentos antiguos, restos de muebles, camas, sillones, bancos, sillas colchones que son imposibles de detallar, destrozados todos completamente e imposibles de recomponer ninguno de ellos”.

Tras conocerse por las autoridades alzadas la resistencia, no sólo municipal, sino también de las fuerzas allí destacadas, a la obediencia del bando declarativo del estado de guerra, el 20 de julio se procedió a ordenar el envío de una Sección del Segundo Escuadrón del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 3, al mando del Teniente Carlos García Santos. Este oficial recibió la orden de trasladarse desde Cádiz a Vejer de su jefe, el Capitán Luis Sanjuán Muriel, quien le informó que el pueblo se encontraba en completa anarquía.

No tuvo la Sección del Teniente García Santos ningún problema en su aproximación al pueblo, pero al llegar a las inmediaciones pudo observar que la carretera estaba cortada. Solventado dicho problema, la columna alzada se dirigió al cuartel del Cuerpo de Carabineros, donde se encontraban todos sus componentes acuartelados. Al apearse del camión que los trasportaba, las fuerzas Regulares fueron atacadas por un grupo de paisanos armados con pistolas y escopetas. Sufrieron seis bajas a consecuencia de las perdigonadas recibidas. Los Regulares repelieron la agresión consiguiendo hacer huir a los emboscados.

Posteriormente, el Teniente García Santos y sus hombres se dirigieron al puesto e la Guardia Civil, siendo hostigados durante todo el recorrido. Al llegar al cuartel pudo comprobar que sus componentes también se encontraban acuartelados por orden del Capitán de Carabineros Enrique Letrán, que actuaba como Comandante Militar de la Plaza. Fueron guardias civiles de este cuartel los que comunicaron al oficial de las fuerzas indígenas que la autoridad militar de la plaza no había, en aquellos dos días, publicado el bando de guerra dictado en Cádiz por el General López Pinto. Tanto los guardias como las “personas de orden” que posteriormente fueron interrogadas acusaban al oficial de Carabineros de ser el principal culpable de los saqueos y pillajes que se habían producido en la localidad desde el 18 de julio.

Después de recibir esta información, el Teniente García Santos procedió a la detención del Capitán. Cuando la conducción pasaba por la plaza del pueblo, desde un local donde ondeaba una bandera roja se volvió a hostigar a los Regulares con disparos. La respuesta de los militares degeneró en tiroteo, especialmente en la calle Alta, donde resistieron, con mayor intensidad que el resto de los atacantes, un carabinero y el cajero del banco, Pascual Lerma. Una vez cesaron los disparos las fuerzas Regulares, con los componentes de la Guardia Civil, el Brigada de carabineros y algunos miembros de este instituto procedieron al desarme y detención de los milicianos. Fueron capturados treinta individuos. A las 18.00 horas del día 20 se publicó el bando declarando el estado de guerra.

Con motivo de la actuación de las fuerzas de Regulares en el 20 de julio se tiene también conocimiento de la muerte de cuatro individuos de la localidad y de resultar heridos otros once, todos por arma de fuego, la mayoría cuando se presentaron en la Casa del Pueblo tres soldados indígenas, quienes hicieron salir a la calle a unas veinte personas a las que dispararon posteriormente a quemarropa. El Capitán Enrique Letrán fue juzgado y condenado a muerte el consejo de guerra celebrado el 17 de agosto de 1936. Su ejecución tuvo lugar el 19 del mismo mes. El procedimiento abierto a este militar no ha sido localizado.

1.- En realidad se trata del sacerdote Ángel Caballeiro

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: