Demasiadas palabras

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A Dios y al César

Que Dios tenga el don de la ubicuidad es cuestión de fe y algo que concierne a los creyentes, pero que sus representantes en la tierra pretendan la omnipresencia en el debate social, político y legislativo, es una intromisión que nos afecta a todos. Escribo esto tras escuchar cómo Rouco Varela recuerda al Ejecutivo los deberes pendientes para, a continuación, pedir la abolición de la ley del aborto, la del matrimonio igualitario y más religión en la escuela. Es cierto que podría haber pedido al Gobierno que paralizara los desahucios, que luchara contra la pobreza o que dejara de recortar a los más necesitados, pero el prelado optó por volver a las cuentas de su particular rosario limitando sus peticiones al catecismo escolar,  al  aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Aunque la Iglesia católica se muestre reacia a seguir las palabras del Jesucristo de los Evangelios, cuando dijo aquello de «dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César», sería deseable diferenciar el ámbito político del religioso, separar Iglesia de Estado. España, lejos de definirse como laica, se quedó a medio camino con una aconfesionalidad que lo mismo sirve para un roto que para un descosido.  Así, cuando se pretende legislar sobre asuntos como la educación, eutanasia, aborto, investigación bioquímica, fecundación in vitro…, resurge la tentación de imprimir el carácter religioso como si de un Estado confesional se tratara. Que la Iglesia guíe, instruya o aconseje a sus fieles sobre cómo proceder en relación con estas y otras materias, tiene su lógica. Menos admisible resulta que, desde los púlpitos y todas sus terminales mediáticas, se pretenda condicionar la legislación de un Estado que declara en su Constitución que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».

Es común a todo integrismo creerse en posesión de la verdad y en la obligación de propagarla. De esta manera, ante el menor atisbo de secularización, ante la más ligera tentativa de separar al Estado de la Iglesia o de diluir la presencia y visibilidad de lo religioso en la sociedad, la jerarquía eclesiástica emprende una campaña falaz de persecuciones y hostigamientos. Cuando obispos y acólitos salían a la calle, pancarta en mano, para afirmar que estaba perseguida, se publicó un monográfico con el expresivo título de La red que teje el laicismo. En el mismo, los pequeños avances en la separación de Iglesia y Estado fueron observados como un «proyecto político deplorable» que conllevaba una agresión al cristianismo y un cambio de régimen para configurar un programa totalitario desde el Estado. Curioso totalitarismo y persecución de un Estado que ejercía y ejerce de recaudador de impuestos para la Iglesia, subvenciona muchas de sus actividades o le dispensa de pagar tributos como el IBI por sus propiedades.

El papel del Estado, con respecto a la religión, no debe ir más allá de garantizar la libertad religiosa. Por ello, ante las pretensiones de determinados integristas, lo deseable sería que concurrieran a las elecciones, que no embozaran sus ansias propagadoras valiéndose de la religiosidad de cargos electos que lo son no por sus creencias religiosas sino por su compromiso o adscripción política. En todo caso, de confesar, confieso que entre Hawking y quienes piensan en dios como creador del universo, no tengo dudas y reconozco que me concierne y preocupa más lo publicado en el BOE que las pastorales de los obispos.

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